El plan de 20 puntos elabora una estructura de gobierno que revela su verdadera intención. Crea una «Junta de Paz» presidida por el propio Trump, una «Fuerza Internacional de Estabilización» que niega a los palestinos el control de su propia seguridad y zonas económicas especiales para integrar Gaza en los circuitos globales de acumulación y explotación de capital. El plan de reconstrucción propuesto tendría como resultado colocar la tierra y la mano de obra palestinas bajo el control de inversores extranjeros —desde Wall Street hasta Silicon Valley, pasando sin duda por el imperio inmobiliario de la dinastía Trump— sin que los palestinos tengan voz alguna en el proceso.
Esta estructura de gobierno excluye explícitamente cualquier papel de las fuerzas políticas palestinas, privando de facto a la población de Gaza de su voluntad política y con el establecimiento de un dominio internacional indefinido sobre el territorio palestino. Sigue separando Gaza de Cisjordania, institucionalizando aún más la fragmentación palestina y cerrando vías viables hacia la autodeterminación.
En lugar de demandar responsabilidades por la devastación genocida de Gaza por parte de Israel, la propuesta de Trump recompensa al agresor: concede a Tel Aviv garantías de seguridad, una presencia militar duradera y el poder de veto definitivo sobre el futuro político de Gaza, al tiempo que reduce a los palestinos a súbditos de la tutela internacional.
Gobiernos desde Alemania hasta Qatar se han apresurado a respaldar el plan, dejando al descubierto su función política. No se trata de una iniciativa de paz, sino de un instrumento de cooptación, un intento de difuminar la indignación mundial mientras se avanza en el objetivo fundamental del genocidio: la destrucción de la vida y la tierra palestinas como base misma de sus aspiraciones de autodeterminación.
El plan de Trump es un ultimátum emitido bajo bombardeos y hambruna forzada. Condiciona la ayuda humanitaria a la aceptación del plan, lo que demuestra el uso del hambre como método de guerra, un crimen según el derecho internacional. El propio Trump admite esta lógica coercitiva y advierte de un «infierno como nadie ha visto antes» si no se acepta el acuerdo.
Pero el mundo no carece de alternativas. El Grupo de La Haya, copresidido por Sudáfrica y Colombia, está coordinando a los Estados para que adopten medidas concretas —a través de los tribunales, los puertos y las fábricas— para aislar a Israel por sus crímenes. Justo cuando el equipo de Trump estaba redactando su plan, el Grupo de La Haya convocó a 35 Estados en Nueva York para desarrollar un programa común de medidas legales y diplomáticas y de aplicación, siguiendo el modelo de la campaña coordinada de sanciones contra el apartheid en Sudáfrica.
Si bien cualquier alto el fuego que traiga alivio al pueblo palestino asediado y bombardeado es bienvenido, no se puede permitir que la propuesta de Trump se convierta en la nueva base de referencia. Por lo tanto, como Gabinete de la Internacional Progresista, rechazamos este fraudulento plan de colonización y hacemos un llamado a las fuerzas progresistas de todo el mundo para que se mantengan firmes en su compromiso con la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar.
