Según el dirigente campesino Mauricio Contreras, del norte del Cesar, lo que más marca la coyuntura actual para lxs campesinxs es el embate imperialista que azota el continente. «Hay una explosión de variables que condicionan el cambio de coyuntura en el país, que no se explican solo por la situación política electoral. El factor más amplio se relaciona con la dominación de los pueblos en América Latina y la reconfiguración del imperialismo norteamericano».
La elección de Abelardo de la Espriella responde al guion imperialista, al tipo de gobierno que Estados Unidos necesita en nuestros países y a las políticas que, según Donald Trump, ayudarán a lxs estadounidenses —o al menos a lxs de la clase dominante— a “crecer sanxs y salvxs”.
Por otro lado, es innegable que, con fraude o sin él, el discurso de odio y confrontación de Abelardo de la Espriella le ha permitido ampliar su respaldo electoral. Amplios sectores de la población, incluidos importantes segmentos de las clases populares, han acogido favorablemente sus llamados a «destripar a la izquierda». Su caracterización del presidente Gustavo Petro, de su contendiente electoral Iván Cepeda y de quienes simpatizan con ellos como “bandidxs”; su defensa del uso de la fuerza al sostener que «al crimen y al bandidaje no se enfrenta con palabras bonitas»; su rechazo a que «a nuestros niños se les quiera contaminar con ideología de género»; su propuesta de fortalecer la enseñanza religiosa en las escuelas; su oposición al aborto, expresada en afirmaciones como «un país que asesina a sus niños no tiene futuro».
En conjunto, esta retórica contribuye a normalizar la agresión y la deslegitimación del adversario político, la estigmatización de determinados grupos sociales y la construcción de enemigos internos. Representa un avance del proceso de fascistización de la sociedad colombiana.
Este proceso también se ha manifestado en la participación de trabajadorxs de fincas en acciones de represión contra protestas campesinas con el respaldo de autoridades locales, así como en la reiterada actuación de grupos de supuestos estudiantes universitarixs encapuchadxs en agresiones contra integrantes del movimiento estudiantil de las universidades públicas.
De la Espriella evita estigmatizar explícitamente al campesinado porque procura presentarse como parte de este sector. De hecho, ha afirmado que su aspiración es ser «campesino de tiempo completo» y proyecta esa identidad, pese a que su autopercepción se sustenta en la propiedad de dos extensos latifundios, una condición que difiere de la realidad del campesinado colombiano.
Una de sus fincas se ubica entre la ciénaga La Cruz y la ciénaga La Hormiga, en el departamento norteño de Sucre.
Según el medio de comunicación digital independiente Mutante, esta tiene una extensión de 391 hectáreas, 156 veces más que el promedio de los predios individuales del departamento de Sucre, donde el 43 por ciento de las propiedades tienen un máximo de 2,5 hectáreas.
La otra está ubicada en el municipio de Becerril, al oriente del departamento del Cesar, y forma parte del “corredor minero”, cuya economía se basa en la extracción de carbón. Se asienta sobre un título minero otorgado a la multinacional Drummond y fue una posesión de la familia Rodríguez Fuentes, heredada a los hijos, incluido Hugues Manuel Rodríguez, conocido como “comandante Barbie” o “el Barbie”, promotor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Cesar y cliente frecuente de Abelardo de la Espriella en su bufete de abogados.
El Barbie, además de terrateniente y ganadero, ha sido condenado en Colombia por financiador y promotor de paramilitares, y en Estados Unidos por narcotráfico.
Esta finca mide 176 hectáreas y su avalúo catastral —el doble de lo que pagó De la Espriella— asciende a 1 304 000 millones de pesos colombianos, aunque su precio comercial podría superar con creces esa cifra debido al título minero. Así lo reveló el medio de comunicación Vorágine.
Objetivamente, De la Espriella tiene poco en común con lxs pequeñxs productorxs independientes del campo que constituyen la clase campesina. Más bien, sus intereses son antagónicos, puesto que el campesinado anhela una reforma agraria real, «integral y popular», como lo expresa el Coordinador Nacional Agrario, que implica, entre otras cosas, quitar tierra a lxs poderosxs latifundistas para entregarla a la población pobre.
El departamento del Cesar ha sido escenario de grandes recuperaciones de tierra por parte del movimiento campesino, para redistribuir tierras que «no cumplen su función social», y lxs recuperadores, campesinxs de la zona, han sufrido represión estatal y paraestatal, incluidas las mal llamadas “Brigadas Solidarias”, un grupo paramilitar de la ultraderechista Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Indalecio Dangond Baquero será el ministro de Agricultura a partir del 7 de agosto. Ha sido asesor del Ministerio de Agricultura durante los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Según el medio de comunicación Cambio, en los años 2022-2023, Dangond Baquero «estructuró la operación para que Juan José Lafaurie Cabal recibiera $95 273 700 regalados por lxs contribuyentes y fuera favorecido con un crédito preferencial de ‘pequeño productor’ por 400 millones de pesos».
Lafaurie Cabal es hijo del latifundista José Félix Lafaurie Rivera, presidente y representante legal de Fedegán, y de María Fernanda Cabal, una de las principales exponentes de la ultraderecha colombiana y excandidata a la Presidencia por el partido uribista Centro Democrático.
Su trayectoria “profesional” también incluye una colaboración con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como coordinador financiero en programas de agronegocios y desarrollo alternativo sostenible.
La relación con Fedepalma y Usaid no es gratuita. La palma de aceite, o palma africana, se estableció en Colombia desde los años sesenta. Sin embargo, es con el Plan Colombia —iniciativa contrainsurgente vestida como proyecto antinarcótico pactado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en los años noventa— que el monocultivo de la palma alcanza su auge, vinculado a la necesidad de nuevos biocombustibles en Estados Unidos. Se construyó un andamiaje político-militar legal e ilegal para facilitar su introducción.
Usaid financiaba capital semilla, fortalecimiento organizativo e iniciativas de reducción de riesgo; el gobierno actuaba como intermediario para otorgar esos fondos y asentar la infraestructura jurídica, y el paramilitarismo “ayudaba” a concentrar tierras, despojando a miles de campesinxs de sus hogares.
Vicente Castaño, jefe fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo explicaba así: «En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos, que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas, llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente, las instituciones del Estado solo caminan hacia esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país, y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes».
La trayectoria del hombre que asumirá la cartera de Agricultura en Colombia a partir del 7 de agosto es la de una figura cercana a sectores de la ultraderecha, vinculada profesionalmente a personas y organizaciones señaladas por sus nexos con el paramilitarismo, con antecedentes de cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción, y con una trayectoria estrechamente relacionada con programas promovidos por el Gobierno de Estados Unidos.
Roberto Menko, dirigente campesino del Sur de Bolívar, considera que «las prioridades de este gobierno que viene, por lo que ya ha mostrado, son las grandes empresas. Les interesan las grandes mineras y los grandes monocultivos».
Yeiner Martínez, del norte del Cesar, añade: «Ya sabemos que las confrontaciones van a ser más fuertes».
Ambos destacan que durante la administración de Gustavo Petro la vía institucional fue útil para avanzar en la entrega de tierras, pero quedaron truncados muchos otros temas por las alianzas que Petro hizo para ganar las elecciones de 2022.
Según Menko, «lxs ministrxs eran cuotas políticas del que le ayudó por el Partido Liberal; el otro ministro era cuota política de lxs que ayudaron por el Partido Conservador, y así sucesivamente. Así funcionan las alianzas con los partidos tradicionales. Por eso, muchas veces salieron resoluciones o actuaciones gubernamentales que no tenían nada de diferencia con gobiernos anteriores».
Pero el gobierno que está por asumir no es como el de Gustavo Petro. No se trata de una administración que, aunque se declaró favorable al campesinado, enfrentó limitaciones institucionales para materializar con mayor contundencia sus propuestas de reforma agraria y de reforma al sector minero, orientadas a fortalecer la minería artesanal y la pequeña minería frente al predominio de las grandes empresas mineras, tanto nacionales como transnacionales.
«Yo creo que los incentivos para la producción del campesinx, que han sido muy pocos, se van a acabar, y van a redirigir esos recursos hacia la palma y los biocombustibles u otras cosas», continúa Menko. «En el tema de minería es peor, porque a él le interesa la gran minería, no la artesanal. Él está involucrado en sociedades con títulos para la minería de oro en los municipios de Santa Rosa y Montecristo, en el Sur de Bolívar. Muchxs campesinxs fueron desplazadxs, incluso amenazadxs, para que él llegara a tener parte en esos títulos. También peligra nuestro derecho a reclamar, porque él ya ha amenazado con que no hagamos movilizaciones, plantones ni ningún otro tipo de acción para presionar el fortalecimiento de la producción campesina».
«Es un gobierno amenazante», afirma una compañera dirigente del Territorio Campesino Agroalimentario Nuevo Amanecer, en el sur del Cesar. A su juicio, el proyecto político del nuevo gobierno representa un riesgo para las comunidades campesinas y para los procesos de recuperación de tierras.
«Creemos que pueden llegar a desalojar a todas las personas que hacemos parte de un proceso de recuperación de tierras, aunque legalmente la tierra ya es nuestra —un logro que generamos como campesinxs durante el gobierno de Gustavo Petro. Contamos con los documentos que lo acreditan. Pero nos preocupa que el paramilitarismo vuelva a reorganizarse y que sean ellos quienes lleguen, en la noche, a sacarnos de nuestras tierras. Como líder de este pueblo, no quiero tener que irme del territorio. Yo vivo aquí mismo, y durante estos cuatro años nos han visto de frente nuestro rostro. Esto, por supuesto, me da algo de terror».
Menko cuenta una anécdota que ilustra la situación:
«Hace unos días, un campesino pasó por un retén paramilitar de los que son más o menos comunes en la zona. Había un tipo que parecía ser el mando, porque hablaba fuerte y todo eso. Le dijo al campesino: ’Ahora sí vamos con todo, porque este gobierno nos va a ayudar’».
«Claro, el discurso de De la Espriella da algo de miedo a la gente. Pero el movimiento social en Colombia tiene algo particular y es que es decidido», reflexiona Menko. «Eso aplaca el miedo y va a movilizar a la gente. Aunque él criminalice la protesta y persiga a lxs líderes, no nos va a parar. En este gobierno seguramente se van a dar muchas situaciones que obliguen a la gente a salir a la calle. Cuando vulneran los derechos de la gente, la gente va a salir. Parece que la vía institucional se va a agotar, y eso va a cambiar el sentir de la gente», añaden desde el norte del Cesar.
«Tendremos que cuidarnos más entre nosotrxs», dice la dirigenta campesina de Nuevo Amanecer. «Nuestra principal fuerza siempre ha sido la organización, la solidaridad, el compañerismo y las ganas de proteger nuestro territorio y permanecer en él».
Martínez continúa: «Solo hay que romper el hielo. Alguna comunidad o territorio tiene que tomar la iniciativa y poner el ejemplo para los demás. Y vamos a tener que convocar a más gente para que la vulneración de derechos se les haga más difícil y más costosa».
El nivel organizativo de los movimientos sociales es una fuerza. Todxs lxs dirigentes entrevistadxs coinciden en esto.
«Falta cohesionarnos más entre organizaciones, pero cada organización tiene su fuerza», valora Menko. «Ahora la gente no está cansada. En otros gobiernos hemos tenido que salir a la calle tres o cuatro veces al año, y eso genera desgaste económico y físico. Pero en estos años ha sido menos. Algunos dicen que nos faltó calentar músculo durante el gobierno de Petro, y puede ser cierto. Pero también es cierto que eso nos permite llegar descansadxs y dispuestxs para una acción prolongada, si fuera necesario».
Es momento de estudio y análisis. «Tenemos que entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales del momento. Y a partir de ese análisis, modificar nuestra estrategia para fortalecer nuestros instrumentos», valora Contreras. Le hace eco Menko, al agregar que «hay que aprender mucho de los cuatro años que van cerrando, de los doscientos que los precedieron y de los cuatro que vienen».
Pero el mayor reto para el movimiento campesino y el movimiento popular en este momento es la unidad. «Hay que trabajar mucho por la unidad del movimiento nacional. Durante estos años hubo distanciamientos y también fracturas por las distintas posiciones que cada unx tomó frente al gobierno de Petro. Unxs apoyaban todo lo que él hacía; otrxs apoyaban lo que había que apoyar y a otras cosas no; y otrxs pasaron todos los años distanciadxs de todo lo que tuviera que ver con el gobierno del Pacto Histórico. En este momento tenemos que dialogar bastante, porque no podemos ir divididxs», enfatiza Menko.
Martínez remarca: «La esperanza es que comprendamos que, como campesinxs, somos una sola identidad, y que donde tocan a unx, tocan a todxs. Ahora la unidad es una necesidad, no un capricho».
En estos días, el movimiento campesino trabaja para cohesionar sus bases, para aclarar sus análisis y planteamientos, y para seguir adelante con la frente en alto.
Elena Freedman es educadora popular e Internacionalista.
