Defensa del ambiente y lucha por los derechos humanos

MANILA — Filipinas sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para lxs defensorxs ambientales.

El 10 de diciembre de 2025, grupos ambientalistas progresistas, pescadorxs, campesinado y pueblos indígenas (PI) participaron en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Liwasang Bonifacio. Marcharon junto con otros sectores hacia Mendiola, y denunciaban las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra defensorxs ambientales y activistas.

Estos grupos subrayan que los problemas ambientales son, en esencia, problemas de derechos humanos.

Por ejemplo, los proyectos de relleno están desplazando comunidades pesqueras debido al desmonte de sus granjas para dar paso a infraestructura supuestamente en nombre del desarrollo. A pesar de ello, Aron Escarial, pescador de Navotas y miembro de Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya-Pilipinas), se mantiene firme en la lucha de su comunidad contra los proyectos de relleno de San Miguel Corporation (SMC). Apenas el mes pasado, su grupo presentó una petición ante el Tribunal de Apelaciones, exigiendo compensación por los daños ocasionados por los proyectos de relleno y que se les permita volver a cultivar mejillones.

Mientras tanto, los pueblos indígenas (PI) y activistas por los derechos humanos soportan el peso del hostigamiento estatal, que va desde el “red-tagging” hasta las desapariciones forzadas. Durante la movilización, los grupos indígenas portaron pancartas exigiendo la aparición con vida de Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus, ambos activistas indígenas desaparecidos desde abril de 2023. También reiteraron los llamados para retirar los cargos fabricados contra los agricultores Dumagat Rocky Torres y Dandoy Avellaneda, quienes fueron detenidos y arrestados ilegalmente por el ejército. Se les acusó de ser miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).

El presidente de Kabataan Para sa Tribung Pilipino, capítulo de la Universidad Politécnica de Filipinas (KATRIBU-PUP), Nico Marco, enfatizó que la tierra es vida para los pueblos indígenas. Señaló que, debido a que las tierras ancestrales son ricas en recursos naturales, la extrema militarización está impulsada por la avaricia corporativa. “Así es como el medio ambiente está conectado con los derechos humanos. El saqueo de sus tierras ancestrales continúa. Las corporaciones entran en sus territorios mediante intervención militar, lo que provoca destrucción ambiental. Y a partir de ahí, sus derechos son arrebatados por la opresión militar”.

Agregó que los ejercicios Balikatan son perjudiciales para los pueblos indígenas, pescadores y el campesinado porque destruyen el medio ambiente al utilizar equipo y armamento militar.

Por su parte, Ángel López, presidente del Consejo Estudiantil de Ingeniería de la Universidad de Filipinas, denunció el mal uso de la ciencia y la tecnología por parte del Estado. López criticó la economía orientada a la exportación y dependiente de las importaciones como un factor que impulsa este mal uso, lo que deriva en violaciones a los derechos humanos de comunidades marginadas.

“Cuando hablas de derechos humanos, los vinculas con nuestras realidades vividas en la ciudad y, particularmente, en el campo. Cuando la ciencia y la tecnología se utilizan para un desarrollo falso, las comunidades son desplazadas [porque] se emprenden proyectos de desarrollo, y esto también se relaciona con la militarización; y cuando esto ocurre, nuestro medio ambiente se ve afectado mediante métodos extractivos, y ni siquiera podemos usar lo que extraemos”, dijo. Para él, la ciencia y la tecnología deberían aplicarse mediante enfoques centrados en la comunidad, en lugar de métodos explotadores y orientados a la ganancia.

Rachelle Junsay, coordinadora nacional de Youth Advocates for Climate Action Philippines (Jóvenes defensores de la Acción Climática, Filipinas o YACAP por su siglas en inglés), afirmó que la justicia climática es justicia social y que quienes más sufren los estragos de los desastres deben ser compensadxs justamente por quienes alimentan la crisis climática. “Muchxs defensorxs ambientales, pueblos indígenas, pescadorxs y campesinxs son asesinadxs, capturadxs o desplazadxs. Esto demuestra la grave negligencia y el hostigamiento del Estado hacia sus defensorxs ambientales”.

El 16 y 17 de octubre, el movimiento People’s Rising for Climate Justice (PRCJ) expuso la persistente vigilancia militar, el hostigamiento y la destrucción ambiental durante sus misiones de solidaridad internacional (ISM) en Rizal, Negros Occidental, Leyte y Mindoro Occidental. Para Junsay, la militarización que revelaron las ISM es un esfuerzo del Estado para impedir que las masas se organicen contra las medidas fascistas. “Especialmente en las comunidades rurales, es más fácil para el ejército reprimirlas… Por eso es importante que nos unamos [a los defensores ambientales] en su lucha contra la presencia militar, para que cuando se organicen, liberen no solo a sí mismos, sino también al planeta”. (AMU, DAA)