La ofensiva del Gobierno de Javier Milei se formalizó con la publicación del Decreto 407/2026 en el Boletín Oficial. Este instrumento abre la vía a la revisión obligatoria de los convenios colectivos vencidos. La información procede de teleSUR, una cadena de televisión con sede en Venezuela, que cita a Página 12 como fuente original. Según la publicación, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Julio Cordero, comenzará a convocar a las cámaras empresariales y a los sindicatos para renegociar aproximadamente 150 convenios colectivos vencidos. El objetivo del Gobierno es adecuar estos convenios a las directrices de flexibilidad previstas en la Ley de Modernización Laboral n.º 27802.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno argentino para introducir gradualmente cambios en la legislación laboral en todos los sectores de la economía del país. Según el texto publicado, el Gobierno de Milei afirma que su objetivo es adaptar los convenios colectivos a las transformaciones tecnológicas y a las nuevas condiciones de producción.
Uno de los puntos centrales del Decreto 407/2026 es la revisión del principio de ultraactividad, un mecanismo que garantizaba la vigencia de un convenio colectivo vencido hasta la firma de un nuevo convenio. En la práctica, este cambio reduce la garantía automática de las cláusulas negociadas previamente entre lxs trabajadorxs y las empresas.
teleSUR señala que el cambio podría afectar directamente a la normativa que regula la organización sindical, las cuotas de solidaridad y los mecanismos de financiación de los sindicatos con personería jurídica. Quienes critican la medida sostienen que la modificación propuesta debilita los derechos de negociación colectiva y reduce las garantías institucionales de lxs trabajadorxs.
En el informe se menciona al ministro de Trabajo, Julio Cordero, como antiguo abogado laboralista de empresas como el Grupo Techint y la Unión Industrial Argentina. Bajo su mandato, el Gobierno tiene la intención de renegociar los convenios vencidos de acuerdo con los parámetros definidos por la nueva legislación laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal federación sindical de Argentina, denuncia la nulidad de los argumentos oficiales que justifican la flexibilización. Según el informe, quienes representan a la confederación califican la medida como parte de una ofensiva contra los logros históricos de los sindicatos.
Las nuevas directrices también dan prioridad a las negociaciones a nivel de empresa o de región, en lugar de a los convenios nacionales por sector económico. Este cambio tiende a restringir el alcance de las negociaciones colectivas generales y a fomentar las negociaciones fragmentadas, en las que cada empresa o territorio puede negociar condiciones laborales específicas.
Otro punto de controversia es la reducción del umbral de afiliación requerido para disputar el reconocimiento legal. El límite, que era del 20 por ciento, pasará a ser ahora del 5 por ciento. Según los sindicatos, este cambio podría fomentar el surgimiento de sindicatos patronales de empresa y socavar la unidad de las federaciones tradicionales del movimiento sindical argentino.
La reforma también incluye mecanismos que lxs críticxs califican de formas de empleo precario. Entre ellos se encuentra el denominado «salario dinámico», que supedita una parte de los ingresos de la persona empleada a evaluaciones unilaterales de la empresa empleadora sobre la productividad y la situación económica financiera de cada compañía.
Otro instrumento previsto es el «banco de horas» (similar a la compensación con tiempo libre), que permite que la jornada laboral semanal no sea uniforme en función de los ciclos de producción. Esta medida podría eliminar en la práctica el cobro regular de horas extras y abrir las puertas a una renegociación a la baja de las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
En opinión de los sindicatos, estos cambios afectan directamente a los ingresos, la estabilidad y la organización colectiva de lxs trabajadorxs. El Gobierno argentino, sin embargo, sostiene que la modernización laboral es necesaria para adaptar las relaciones laborales al nuevo contexto económico y productivo.
La controversia en torno al Decreto 407/2026 de Milei intensifica el enfrentamiento entre el Gobierno de Milei y el movimiento sindical argentino en un momento de fuerte tensión social en el país. Se prevé que la revisión de los convenios colectivos vencidos se convierta en un nuevo punto de fricción entre el Poder Ejecutivo, los sindicatos y los sectores empresariales, a los que ahora se les pide que renegocien condiciones históricas.
