La Asamblea Nacional Popular (ANP) que se llevó a cabo durante el 17, 18 y 19 de julio en la Universidad del Valle, en Cali, fue sistemáticamente hostigada y saboteada por parte de la fuerza pública. Pero fue la articulación de la Guardia Cimarrona, Campesina, Indígena y las Primeras Líneas las que garantizaron un espacio seguro y tranquilo para sesionar.
“El policía sabe tratar como policía, y el guerrillerx como guerrillerx, el paramilitar como paramilitar”, comenta Manuel Correa, “(…) cada quien tiene su ideología, pero están muy lejos de la cosmovisión del pueblo negro”. Correa es líder en el municipio de Riosucio, Bajo Atrato (Chocó); además, hace parte de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba) y es también el segundo mayor de la Guardia Cimarrona de esta región.
Para Manuel, asumir el rol de guardia ha sido un ejercicio de poder popular que ayuda a mantener una estrecha relación con el rescate de los saberes ancestrales de los pueblos negros. Muchos han sido los decretos y disposiciones jurídicas para proteger la autonomía de los territorios colectivos como las que están en el Decreto 1745 de 1995, así como el Acuerdo de Paz y el Capítulo Étnico, pero la realidad de quienes viven en estos contextos de constante corrupción, despojo y violaciones de Derechos Humanos es otra.
“Ven la guardia como una piedra en el zapato porque también es un control interno y externo. La Guardia no va solucionar todos los problemas, pero sí puede asignar tareas y afirmar cuando alguien defrauda a la comunidad”, sostiene Manuel.
La guardia cimarrona tiene su raíz en las personas negras que fueron esclavizadas en tiempos de colonia, y que consiguieron su libertad huyendo hacia San Basilio Palenque (Bolívar) desde donde continuaron su lucha.
En un territorio tan complejo como el Chocó, en el cual hacen presencia distintos actores armados legales e ilegales, hacer parte de la Guardia Cimarrona es una labor de riesgo que les ha costado ataques, amenazas y asesinatos. A pesar de esto, aseguran que a diario se llenan de fortaleza para consolidar un proyecto que tiene una resistencia histórica en sus entrañas.
Estas prácticas comunitarias de poder popular se han fortalecido desde agosto del 2013 cuando, por primera vez, más de siete mil voces de diferentes territorios realizaron el Primer Congreso Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, en Quibdó (Chocó). Allí se consolidaron muchos de los mandatos con los que buscan la protección de las cuencas, la tierra, los animales, los semillas, la medicina ancestral y prácticas culturales.
“¿¡Quiénes somos!? ¡Guardia campesina!
¿¡Qué defendemos!? ¡La vida y el territorio!”
La resistencia y organización de la Guardia Campesina nace ante las necesidades estructurales de las propias comunidades que son impactadas por distintos niveles de violencia.
“Sabemos que los gobiernos represivos nunca han tenido en cuenta las necesidades del campesinado. En nuestros territorios hay campesinxs que están a doce horas de camino, no hay vías, no hay nada eso. En el departamento del Cesar solo el 1 por ciento de la población campesina puede ir a la universidad, no tenemos salud (…)”, asegura David Donado, integrante del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas –MTTC– en el Cesar y quien es uno de lxs líderes de la Guardia Campesina en este departamento.
Las guardias campesinas han sido una expresión de autonomía por parte de las comunidades frente a escenarios complejos en los cuales el Estado ha sido uno más de los victimarios. Al extremo norte del país, la Guardia Campesina del Catatumbo, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat– surgió en el año 2014 como mecanismo de autoprotección organizada ante un contexto de violencia sistemática anclada a los proyectos mineroenergéticos y la erradicación forzada de cultivos de coca en la región.
“El Cesar, figura como uno de los departamentos con mayores reservas de carbón en Colombia y según la Agencia Nacional de Minería –ANM– estas produjeron entre 2018 y 2019, el 64 por ciento del total de este mineral en el país”, afirma David. Estas realidades constituyen una lucha permanente para las guardias campesinas, a través de la cual hacen frente a un modelo económico extractivista que atenta contra los proyectos de vida de las comunidades.
Según las guardias, desde el Gobierno actual se han posicionado discursos que estigmatizan esta labor, lo cual agudiza aún más la represión contra sus integrantes.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– de las 310 personas asesinadas que se desenvolvían como líderes y lideresas sociales durante el 2020, 89 fueron identificadas como campesinas y 19 como personas afrodescendientes.
David Donado reconoce a la Guardia Campesina como una esperanza para los proyectos de vida de las comunidades rurales. Así, durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, las guardias populares han tenido un rol clave que les ha dado mayor reconocimiento como protectorxs y defensorxs de la vida en la opinión pública.
“El poder popular de la guardia es mediante la protección de mi entorno, mi compañerx, mis vecinxs. Saber qué es lo que pasa a mi alrededor, solucionarlo y desde ahí empezar a ver cuál es el detonante. (…) La guardia no excluye a nadie, antes lxs invita a defender y cuidar nuestra madre tierra”, describe Daniela León, una mujer joven que es guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–.
Al igual que Daniela, cada vez son más las mujeres las que hacen parte de la Guardia Indígena en el Cauca. “Buscamos acabar con tanta matanza sistematizada en nuestros territorios; por esos somos lxs guardianxs del territorio, y así mismo en distinta partes vieron la necesidad de crear la guardia (cimarrona, urbana, campesina) para que lxs mismxs comunerxs lleven la tranquilidad de su espacio”, apunta Daniela.
Durante décadas la Guardia Indígena del Cauca ha cuidado y cultivado las prácticas de poder popular y ancestral que han heredado desde siglos atrás. Saberes que están representados en el bastón de mando, el cual es entregado a quienes se considere que están comprometidos con la comunidad.
“En vista de que nuestrxs líderes y lideresas son amenazadxs y la madre tierra está en peligro por la llegada de las multinacionales, ha sido necesario retomar y fortalecer la Guardia Indígena kiwe the’gsa/pu’yaksa’wesx. Son grupos de personas nombradas por la comunidad, médicxs tradicionales y la máxima autoridad”, así lo sostiene la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa.
Para las guardias indígenas, cimarronas y campesinas que se encontraron en la Asamblea Nacional Popular resultó una gran “sorpresa”, como lo expresa Manuel, integrante de la guardia cimarrona, la germinación de otras guardias como las Primeras Líneas. “(…) pero qué rico fue encontrar acá la aceptación de toda la gente que está en el movimiento popular. Encontramos expresiones de guardia en otros escenarios, en las ciudades, en las posesiones de territorio, en la toma de territorios”, expresa Manuel.
Para la Primera Línea, y de acuerdo con lo construido en la ANP, sus prácticas de organización corresponden al ejercicio legítimo de la protesta social y surgen a su vez como respuesta ante la brutal represión por parte de la fuerza pública en las manifestaciones.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– presentó 42 recomendaciones para que se respeten los Derechos Humanos de las personas manifestantes. Basado en la sistematización de cifras de la organización Defender Libertad, entre 28 de abril y el 30 de junio, 84 personas fueron asesinadas, 106 personas sufrieron violencias basadas en género, 1.790 personas resultaron heridas físicamente (298 de ellas defensores y defensoras de DDHH) y 3.274 fueron detenidas.
Durante los próximos meses esperan realizar por primera vez la Asamblea Nacional de Guardias y Primeras Líneas, donde buscarán consolidar propuestas nacionales y locales de cara al actual contexto humanitario.
