El documento recoge la evaluación completa de Douhan sobre su visita de 12 días al país caribeño en febrero. Al presentar los hallazgos en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 15 de septiembre, la experta independiente reiteró que el amplio programa de sanciones contra Venezuela ha tenido un efecto “devastador” en las condiciones de vida de toda la población.
Douhan explicó a continuación que la crisis económica y social preexistente de Venezuela se intensificó por la imposición de “sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro, y la minería”, así como por el “bloqueo económico y la congelación de activos del Banco Central”.
En consecuencia, los ingresos del país, esencialmente de la exportación de petróleo, se redujeron significativamente, afectando “los sistemas públicos de electricidad, gas, agua, transporte, teléfono y comunicaciones, así como a las escuelas, hospitales y otras instituciones públicas”.
La abogada bielorrusa añadió que la amenaza de sanciones extraterritoriales y secundarias han llevado a un “exceso de cumplimiento por parte de los bancos y las empresas de los países terceros”, lo que amplifica el impacto negativo de las sanciones primarias. Además, argumentó que las “exenciones humanitarias al parecer son ineficaces e insuficientes” para aliviar la crisis.
La Relatora Especial concluyó que las sanciones unilaterales contra Venezuela tienen motivaciones políticas, atentan contra los derechos humanos más fundamentales y violan el derecho internacional. Urgió a los Estados Unidos y sus aliados a levantar todas las medidas coercitivas.
Douhan reconoció además el “mayor compromiso” del gobierno de Nicolás Maduro con las agencias de la ONU y las ONG para proporcionar ayuda humanitaria a la población.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, también participó en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y celebró el reporte de Douhan. “La Relatora Especial ha dejado claro que estas medidas, en forma de castigo colectivo, son crímenes internacionales que amenazan al pueblo venezolano”.
El miércoles, más de 800 organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales emitieron una declaración en la que apoyan los recientes llamados a un alivio de las sanciones, entre ellos el de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Venezuela ha estado sometida a sanciones estadounidenses desde 2017 cuando Washington atacó a la petrolera estatal PDVSA. Entre 2019 y 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso un embargo petrolero, una prohibición general de todos los tratos con Caracas, y cerró las importación de combustible y diluyentes y los acuerdos de intercambio. Además, Washington impuso sanciones secundarias y una serie de otras medidas, como la congelación o incautación de varios activos venezolanos en el extranjero.
La producción de petróleo cayó a mínimos históricos en la segunda mitad de 2020.
En su informe, la experta independiente de la ONU destacó que “la caída de los ingresos por petróleo, exacerbada por las sanciones, provocó una crisis alimentaria y nutricional”, ya que se estima que la disponibilidad de alimentos disminuyó en un 73 por ciento, al caer las importaciones entre 2015 y 2019.
Como resultado, más de 2,5 millones de venezolanxs están en una situación de inseguridad alimentaria severa, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura registró “un incremento del 213,8 por ciento de la malnutrición o el hambre crónica.”
El informe de Douhan también advirtió sobre “el precario poder adquisitivo de lxs trabajadorxs”, ya que el salario promedio se estima entre 2 y 10 dólares al mes, y cubre cerca del 2 por ciento de la canasta alimentaria.
Sin embargo, la Relatora Especial reconoció los esfuerzos del gobierno para aliviar la crisis con una serie de beneficios sociales, incluyendo la distribución de alimentos subsidiados a través del programa CLAP. Este último, al parecer, asiste a 7,5 millones de hogares, pero ha reducido sus alimentos básicos después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos atacara las importaciones.
La abogada bielorrusa declaró que las sanciones han bloqueado transacciones dirigidas a adquirir medicamentos. “Esto impidió la compra de reactivos de grupos sanguíneos en 2020 para 2,5 millones de pacientes y 123.000 más que requieren transfusión sanguínea, de acuerdo al despacho del Ombudsman”.
Por otra parte, las compras bloqueadas afectaron a 5859 personas que sufren de hemofilia y síndrome Guillain-Barré, e impidieron 180.000 cirugías por falta de antibióticos, anestesia y tratamiento para la tuberculosis.
El desabastecimiento de medicamentos básicos y el alza de precios han puesto alrededor de 300.000 personas en riesgo. Al mismo tiempo, 2,6 millones de niñxs han sido privados de vacunas contra la meningitis, el rotavirus, la malaria, el sarampión, la fiebre amarilla y la influenza.
Otras preocupaciones son el incremento de embarazos de adolescentes y los casos de VIH/SIDA. Actualmente, 80.000 de un estimado de 120.000 pacientes de VIH/SIDA tuvieron que suspender su tratamiento por falta de medicamentos, señaló el reporte.
Adicionalmente, los hospitales informaron que solo el 20 por ciento de los equipos funciona debido a la incapacidad de conseguir piezas de repuesto. La experta de la ONU documentó dos casos específicos: El Hospital Infantil del Corazón hizo menos de 120 cirugías en 2020 (el estándar era de alrededor de 1800) y el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos en Caracas tuvo que suspender los trasplantes de riñón a 137 niñxs.
Los hallazgos de Douhan también destacaron que la incautación por parte de Washington de la filial petrolera de PDVSA en Estados Unidos, CITGO, detuvo el programa humanitario de la compañía. Como resultado, 14 niñxs han muerto al no recibir trasplantes de hígado, riñón y médula ósea en hospitales del extranjero. Otrxs 53 esperan la reanudación de la fundación Simón Bolívar, financiada por el Estado.
Durante su visita a Venezuela, Douhan constató que todos los servicios públicos funcionan a la mitad de su capacidad desde la imposición de medidas coercitivas por parte de los Estados Unidos.
Según los funcionalrixs del gobierno venezolano citados en el informe, solo el 50 por ciento de las unidades de distribución del sistema de agua están funcionando, y “el agua tuvo que ser distribuída en rotación para asegurar que suministro para todxs.” El uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua se redujo en un 30 por ciento, causando problemas de salud.
El texto continúa explicando que Venezuela produce “solo el 40 por ciento de la electricidad que necesita y las líneas eléctricas funcionan a menos del 20 por ciento de su capacidad.” En la región suroeste del país, entre el “75 y el 80 por ciento de la electricidad no pudo ser producida porque las máquinas termoeléctricas están dañadas y necesitan reparación.” La situación se vio agravada por supuestos ciberataques contra la red eléctrica en 2019.
La Relatora Especial concluyó que la nación caribeña estaba al borde de una “situación catastrófica” debido a la aguda escasez de combustible.
Douhan advirtió que la escasez de diesel ha puesto en peligro “la producción agrícola, el transporte de alimentos, la generación de electricidad, el funcionamiento de las bombas de agua, el transporte público, el tránsito y las ambulancias”.
Al mismo tiempo, la escasez de gasolina ha resultado en un aumento de los precios del transporte, ha bloqueado acceso a hospitales y escuelas, y ha agravado la distribución de alimentos y suministros médicos, en especial en las zonas más remotas del país.
Los limitados recursos financieros del gobierno para comprar y reparar la infraestructura necesaria han llevado a una reducción de la cobertura de Internet, con solo un 10 por ciento del territorio con acceso al servicio, según se informa. En la época anterior a las sanciones, el rango era del 50 al 90 por ciento.
El reporte de la abogada bielorrusa también señaló que el alza en los costos de acceso a Internet y los continuos cortes de electricidad han afectado la enseñanza en línea desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Según investigadorxs universitarixs, se calcula que el 80 por ciento de lxs estudiantes de las escuelas públicas no pueden superar estos obstáculos.
Otra consecuencia de las sanciones es la suspensión del programa gubernamental Canaima en 2020, que producía y distribuía 6,5 millones de tablets para 14 millones de estudiantes.
El endurecimiento de las sanciones ha provocado cifras migratorias sin precedentes. El informe de la experta de la ONU, citando una variedad de fuentes (incluyendo al gobierno venezolano), situaba la cifra entre 1,2 y 5,6 millones para mayo de 2021.
La acelerada migración causó una fuga de talentos, con la mayoría de las compañías estatales y servicios públicos perdiendo entre el 30 y el 50 por ciento de su personal, incluyendo “doctorxs, enfermerxs, profesorxs universitarixs, ingenierxs, policías, jueces y juezas, técnicxs y muchxs otrxs”. Esto ha resultado “en una desorganización interna, un incremento en la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución en su calidad”.
La visita de la Relatora Especial Alena Douhan a Venezuela es la primera de las diez previstas para los próximos dos años como parte de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU firmado en 2019.
El texto completo del informe de Douhan puede encontrarse aquí.
Foto: Eneas de Troya, Flickr
