Por décadas, los tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI han permitido a las corporaciones demandar a los Estados y restringir su libertad para regular en favor de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente. Desde 1996, sólo los gobiernos de América Latina se han visto obligados a indemnizar a las corporaciones extranjeras con más de 30.000 millones de dólares, impidiendo que los reguladores aumenten los salarios mínimos, protejan los ecosistemas vulnerables e introduzcan protecciones climáticas, entre otras prioridades de política nacional. Encontramos escasas pruebas económicas de que mecanismos como el CIADI estimulen a cambio una inversión extranjera directa significativa.
Honduras presenta un caso contundente de abuso corporativo a través del sistema ISDS. Desde la elección en 2021 de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, las corporaciones han interpuesto un total de 10 demandas ante el CIADI en su contra. El mayor de ellos, interpuesto por la corporación estadounidense Próspera Inc, reclama más de 10.000 millones de dólares —dos tercios del presupuesto anual del país— como indemnización por la decisión del país de derogar la desastrosa ley de las "ZEDEs", que confiscó territorio hondureño a corporaciones extranjeras como Próspera para fundar ciudades privadas que operan casi sin tener en cuenta la normativa laboral, ambiental o sanitaria.
La era de la supremacía corporativa en el sistema de comercio internacional está llegando a su fin. La Unión Europea anunció recientemente su retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, se ha comprometido a no incluir disposiciones sobre estos tribunales corporativos en futuros acuerdos comerciales. Y los principales países en desarrollo, como Brasil e India, se mantienen firmes en su negativa a suscribir tratados con el CIADI en primer lugar.
Ahora, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha dado otro paso importante para dar prioridad al desarrollo sostenible sobre las ganancias corporativas. Como economistas, elogiamos al Presidente Castro y al pueblo de Honduras, y esperamos que los países de todo el mundo sigan su ejemplo hacia un sistema comercial más justo y democrático.
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