Sudáfrica está padeciendo una crisis social profunda. El desempleo está en niveles catastróficos, en especial entre las personas jóvenes, donde supera el 60 por ciento. El hambre está muy extendida: más de una cuarta parte de las familias la padecen. El año pasado, más de 10 000 niñxs murieron por desnutrición.
La corrupción organizada —a menudo vinculada a redes delictivas— y décadas de austeridad vaciaron las instituciones públicas. Muchos municipios están colapsando debido a las deudas, la mala gestión y el deterioro de la infraestructura. Las tasas de homicidio y violación están entre las más altas del mundo, y cada año más personas se ven obligadas a vivir en asentamientos informales.
Para una gran parte de la población, la vida cotidiana es cada vez más precaria. Comunidades enteras experimentan el abandono del Estado. Mientras tanto, una pequeña élite política y económica continúa acumulando riqueza. La promesa de que la democracia traería dignidad y una transformación social significativa primero se rompió y ahora se abandonó.
La crisis es insostenible desde el punto de vista social y político, y se están realizando grandes esfuerzos para resolverla mediante un giro peligroso hacia la derecha.
Existe un intento bien financiado de construir un proyecto de derecha —y, por momentos, fascista— basado en la xenofobia contra los migrantes africanos y asiáticos. Para esto, se utilizan términos cómo “invasión”, "contaminación", "limpieza" y "expulsión". Se culpa a los migrantes por el desempleo, la delincuencia, la escasez de viviendas y el colapso de los servicios públicos, mientras se ignoran las causas reales de la crisis.
Las organizaciones xenófobas, lideradas actualmente por March and March, organizan de manera regular actos de violencia callejera. En estos episodios, se impide que los migrantes y las personas de minorías étnicas entren a escuelas y hospitales, y se los intimida y golpea en las calles.
Al mismo tiempo, el Estado avanza con una legislación que le permitiría penalizar a los sectores de bajos recursos en general, y a los activistas y a las organizaciones populares en particular. Las reformas propuestas a la Ley de Prevención de Desalojos Ilegales y Ocupación Ilícita de Tierras (PIE) apuntan de manera específica contra las ocupaciones de tierras organizadas. Estos son, precisamente, los espacios donde, en la Sudáfrica posterior al apartheid, las personas de menores recursos y la clase trabajadora construyeron las formas más sólidas de autoorganización democrática.
La Ley PIE se aprobó en 1998 durante la transición democrática luego del apartheid. Reemplazó a la Ley de Prevención de Ocupación Ilegal de 1951. Aquella norma penalizaba la urbanización de la población negra y validaba los desalojos forzosos.
Bajo el apartheid, la población negra solo podía entrar a las ciudades como mano de obra explotada para beneficio de la supremacía blanca. La vida urbana se organizaba mediante el control y la exclusión racial, sostenidos por desalojos violentos.
La Constitución posterior al apartheid buscó romper con esa historia. Por eso, la Ley PIE exigió a los tribunales evaluar todas las circunstancias antes de ordenar un desalojo y estableció que las medidas debían ser "justas y equitativas". También los obligó a verificar la disponibilidad de viviendas alternativas antes de expulsar a las personas de sus tierras u hogares.
El principio fundamental de la Ley PIE era claro: en una sociedad marcada por el despojo masivo y la desigualdad extrema, no se podía tratar a los sectores vulnerables como simples intrusos para defender la propiedad privada.
Las reformas propuestas rompen con esta lógica constitucional y democrática. El nuevo proyecto permitiría que se aprueben los desalojos, incluso si las comunidades quedan en la calle. Para ello, bastará con que el Estado alegue escasez de recursos y el tribunal acepte ese argumento. Esto debilita una de las protecciones más importantes del derecho constitucional moderno, lograda luego del apartheid.
Las enmiendas también amplían de manera considerable la responsabilidad penal sobre las ocupaciones de tierras. La ley actual ya penaliza de manera correcta a quienes lucran con el alquiler o la venta de terrenos y viviendas precarias. Este es un problema real. Muchas ocupaciones están cada vez más bajo el control de diversas mafias violentas, vinculadas a políticos locales. Estos grupos están dispuestos a matar si las comunidades intentan desmercantilizar las tierras. Nuestro movimiento, Abahlali baseMjondolo, sufrió reiterados asesinatos por este motivo.
Sin embargo, el proyecto nuevo penaliza el hecho de "incitar", organizar o apoyar ocupaciones, incluso si no hay dinero de por medio. Las penas incluyen multas de hasta 2 millones de rands (más de $ 100 000), prisión y la confiscación obligatoria de bienes. Este es un intento directo de criminalizar la lucha popular por el acceso a la tierra.
Esta disposición podría usarse contra activistas, organizadores, abogados, miembros de ONG y líderes comunitarios que organicen o apoyen las ocupaciones. El proyecto también penaliza las formas de supervivencia colectiva y autoorganización que son fundamentales para la vida en las comunidades vulnerables. Las cuotas de afiliación y los aportes para conexiones eléctricas, infraestructura, servicios o defensa legal podrían llegar a considerarse delitos. Si el proyecto se convirtiera en ley, Abahlali baseMjondolo —el movimiento en el que milito— quedaría penalizado de inmediato, al igual que otras organizaciones que luchan por el derecho a la tierra.
Una de las razones por las que continúan las ocupaciones de tierras, a pesar de la represión, es que suelen ser la única vía para que los sectores vulnerables accedan a una vivienda cerca del trabajo, las escuelas, el transporte y la vida urbana. El mercado falló. El Estado también falló en gran medida. Para millones de personas, la ocupación es una respuesta práctica frente a la exclusión.
Sin embargo, las ocupaciones no solo tienen que ver con la tierra. Cuando las ocupaciones se organizan de manera democrática, pueden convertirse en espacios importantes para la vida colectiva y el poder popular. En las ocupaciones democráticas y bien organizadas —algunas de las cuales se han convertido en comunas—, los residentes realizan reuniones multitudinarias, eligen consejos y establecen sistemas para resolver conflictos de forma pacífica. Las personas trabajan en conjunto para producir alimentos, garantizar el acceso al agua, organizar las conexiones de electricidad y construir caminos y sistemas de drenaje. También establecen centros de cuidado infantil y comedores comunitarios, construyen salones vecinales y crean sistemas de ayuda mutua para quienes enfrentan situaciones de hambre, enfermedad o desempleo. En las comunas se construyen escuelas de formación política y las ocupaciones se convierten en núcleos de redes progresistas más amplias.
Estas formas de organización suelen ser frágiles, ya que las presiones de la pobreza, la represión estatal y la violencia de las mafias —políticas y de otro tipo— condicionan siempre su desarrollo.
Las unidades municipales contra las ocupaciones de tierras ejecutan desalojos violentos y demoliciones de forma rutinaria, a menudo al margen de las leyes vigentes. Durante los desalojos, atacan a los residentes con balas de goma y gases lacrimógenos. Además, demuelen las viviendas sin contar con una orden judicial. Las unidades represivas confiscan o destruyen los materiales de construcción. Asimismo, las demoliciones provocan con frecuencia la pérdida de medicamentos, libros escolares, documentos de identidad y pertenencias personales. A menudo, la policía arresta a los activistas bajo cargos dudosos y los somete a procesos judiciales interminables.
Al mismo tiempo, las ocupaciones continúan porque suelen ser la única vía de acceso a la vida urbana para quienes quedan excluidos del mercado inmobiliario formal. Millones de sudafricanos no pueden pagar una vivienda privada ni tienen posibilidades reales de obtener una propiedad estatal. La ocupación de tierras cerca de las ciudades se convierte en un medio para acceder a trabajo, escuelas, clínicas, sistemas de transporte y oportunidades de la economía informal.
Por este motivo, las élites consideran que las ocupaciones organizadas son una amenaza política. El problema no es solo la tierra, sino también el surgimiento de formas de organización democrática fuera del control de las élites. En la Sudáfrica posterior al apartheid, los intentos más firmes para construir estructuras democráticas arraigadas en las comunidades vulnerables nacieron de las ocupaciones de tierras. En la actualidad, estas estructuras se están convirtiendo en una base importante para la izquierda.
El gabinete del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) desarrolló y propuso el proyecto de ley de enmienda PIE. El GNU es el gobierno de coalición que se formó tras las elecciones nacionales de 2024, cuando el Congreso Nacional Africano (ANC) perdió su mayoría parlamentaria por primera vez desde el fin del apartheid*.* Esta alianza integró al ANC al gobierno junto con otros partidos; el más importante es la Alianza Democrática (DA), una fuerza de centroderecha con predominio blanco que defiende con vehemencia los derechos de propiedad y las políticas económicas de mercado.
Desde hace años, la DA defiende una postura más dura frente a las ocupaciones de tierras y los desalojos. En el 2022, este partido propuso un proyecto de reforma de la Ley PIE que recibió duras críticas de defensores del derecho a la vivienda y organizaciones jurídicas, debido a que debilitaba la protección de los ocupantes vulnerables y orientaba la legislación hacia un enfoque más punitivo.
Sin embargo, la versión actual que surge bajo el GNU va todavía más allá de aquella propuesta de la DA. El proyecto amplía el alcance de la penalización, extiende la responsabilidad penal de quienes organizan las ocupaciones y refuerza los poderes coercitivos del Estado. Una ley creada en principio para poner límites constitucionales a los desalojos se transforma ahora en un instrumento más agresivo para reprimir las ocupaciones de tierras y las formas de organización colectiva que suelen nacer de ellas.
Sudáfrica enfrenta hoy un peligroso ataque simultáneo desde dos frentes contra los sectores vulnerables: en las calles, las organizaciones xenófobas apelan a la violencia y la intimidación contra los migrantes y las comunidades de pocos recursos; y desde el Estado, el GNU impulsa leyes que amplían la criminalización y la represión contra las ocupaciones de tierras y las organizaciones populares. Estas fuerzas juntas presionan para imponer una respuesta más autoritaria a la crisis social, orientada a controlar a las personas de pocos recursos en lugar de resolver las causas profundas que generan la pobreza y la exclusión.
El movimiento Abahlali baseMjondolo está organizando asambleas en las ocupaciones y comunas de las distintas regiones del país, para debatir sobre el proyecto de ley de enmienda PIE y definir estrategias de resistencia. Otras organizaciones progresistas, como la Federación de Sindicatos de Sudáfrica (SAFTU), junto con intelectuales radicales, abogados y otros sectores, manifestaron su firme rechazo. Todas estas fuerzas están trabajando también para combatir la xenofobia.
La batalla por el futuro ya está en marcha.
Thapelo Mohapi es el secretario general de Abahlali baseMjondolo.
"Translated by, Itati Di Giano, Goretti Montes, and Proz Pro Bono"
