Incluso cuando el primer ministro Mark Carney promociona sus planes de protección de la soberanía económica de Canadá, los minerales críticos del país se abren paso para convertirse en armas de EE. UU.
Según expertos en derecho, Estados Unidos se encuentra tomando medidas que “posiblemente no tengan precedente” para asegurar su participación sobre las minas canadienses, lo que convierte a Canadá (y a las Primeras Naciones de cuyas tierras se extraen los minerales) en territorio de explotación minera de EE. UU. Mientras tanto, el gobierno canadiense está ayudando a financiar y acelerar estos proyectos.
Desde los niveles provinciales a los federales, Canadá ha acelerado de manera agresiva la extracción de minerales críticos en el extremo norte del país. Se catalogaron a estos minerales como “de necesidad urgente”, primero para la transición hacia la energía limpia, y luego en pos de la seguridad nacional de Canadá, en medio de amenazas de anexión de parte de EE. UU.
Níquel, cobre, grafito, cobalto, tungsteno, cromo y elementos de tierras raras no son simplemente insumos para baterías y turbinas eólicas. También son necesarios para fabricar aviones de combate, drones, misiles, sistemas de radar, submarinos, vehículos blindados y municiones.
Canadá ha sido durante mucho tiempo un proveedor confiable de insumos durante las guerras sostenidas por los Estados Unidos. De las entrañas de Canadá provinieron el uranio para las bombas nucleares de EE. UU., el níquel para las placas blindadas de sus buques de guerra, y el aluminio para sus aviones de combate.
Sin embargo, cuando los minerales de Canadá se reservan para la fabricación de elementos de ejércitos extranjeros, ¿realmente conviene eso al interés nacional del país?
Para garantizar estos minerales, EE. UU. históricamente ha ofrecido subsidios y subvenciones con respaldo del estado a empresas mineras de Canadá. No obstante, con la escalada de la guerra fría de EE. UU. con China, se observa que el Pentágono intensifica sus inversiones. A partir de 2022, el Departamento de Guerra de EE. UU. comenzó a invertir millones de dólares en empresas mineras canadienses que extraen minerales críticos.
En su momento, la noticia apenas si se registró en Canadá. En cambio, en los diarios se publicaron titulares sobre las promesas a nivel federal y provincial que los mismos minerales impulsarían una revolución tecnológica ecológica conformada con vehículos eléctricos y fábricas de baterías.
Como parte del colectivo de investigación 8th Fire Rising , investigamos las nuevas cadenas de suministro que se relacionan con el sector de los minerales críticos. De hecho, concluimos que la última financiación que impulsa el auge de los minerales críticos en Canadá proviene del Pentágono, que supervisa al emisor más importante de gases de efecto invernadero del planeta: las Fuerzas Armadas de EE. UU.
Durante tan solo dos años, 2024 y 2025, el Pentágono invirtió más de USD 78 millones en empresas de explotación de proyectos de minería en Canadá: Fortune Minerals, Lomiko Metals, Fireweed Metals, Northcliff Resources, Nano One Materials y Electra Battery Materials.
Presentado en un marco de cooperación, el acuerdo modificó las prioridades relativas a la minería de Canadá para adaptarse a las necesidades del ejército estadounidense, incluso en una instancia de tensión entre ambos países.
Posteriormente, en 2025, el Departamento de Guerra invirtió USD 35,6 millones para la adquisición de una participación accionaria de 10 % en la empresa minera Trilogy Metals, con sede en Vancouver, que tiene planes para extraer cobre, cobalto, oro y plata en Alaska. También se incluían opciones para aumentar su participación a futuro, así como el derecho a designar a un miembro de la junta directiva. El Departamento de Energía de EE. UU. también compró una participación del 5 % en Lithium Americas, otra empresa con sede en Vancouver que se encuentra desarrollando una de las minas de litio más grandes del mundo
El hecho de que el gobierno federal de EE. UU. sea accionista de empresas del sector minero canadiense es un acuerdo que “posiblemente no tenga precedentes”, según el abogado especialista en derecho internacional Lawrence Herman.
No se trata de una participación mayoritaria, sino de la advertencia que hizo el abogado especialista en derecho antimonopolio Sandy Walker: una vez que se haga la explotación de estas minas, el gobierno de EE. UU. podría insistir en que los minerales únicamente se dirijan a su país.
Canadá cuenta con políticas que le permiten restringir las inversiones en el país de gobiernos extranjeros, especialmente si dichas inversiones pudieran resultar “perjudiciales” para la seguridad nacional de Canadá. En 2022, el gobierno canadiense ordenó a tres empresas chinas que liquidaran sus participaciones en empresas canadienses de minerales críticos. Ninguna norma de este tipo tomó medidas que perjudiquen las inversiones estatales de EE. UU. en Trilogy Metals ni Lithium Americas.
Casi todos los proyectos mineros en los que el Pentágono ha invertido se clasifican como soluciones climáticas. En Quebec, Lomiko Metals impulsa la propuesta en su mina de grafito La Loutre como parte de “un ecosistema local de energía renovable”. Se aseguró una subvención de USD 8,4 millones del Pentágono, que iguala a una subvención adicional de 4,9 millones de dólares canadienses de Natural Resources Canada.
Sin embargo, el proyecto a cielo abierto produce grafito, el material que más se utiliza en la industria militar. Dado que Estados Unidos no produce su propio grafito desde la década de 1950 y todavía depende en gran medida del suministro de China, la inversión del Departamento de Guerra es sumamente estratégica.
Muchos de los minerales que se buscan con estos proyectos, incluido el grafito, tienen un “uso doble”, lo que significa que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares. Sin embargo, en los procesos de evaluación ambiental de Canadá no se pregunta el destino final de los minerales una vez que salen de la mina. No se pregunta si los materiales extraídos alimentarán baterías o armas.
Esto cobra importancia porque las cadenas de suministro de minerales críticos no son nada transparentes. Los minerales se mezclan, comercializan, procesan y transforman en distintas jurisdicciones, lo que hace que su uso final sea muy difícil de rastrear.
Esto pasa a ser un problema cuando la extracción de estos minerales se justifica en primer término con el argumento que Canadá tiene que desarrollar soluciones a nivel local para el cambio climático.
Según este argumento, las evaluaciones ambientales y las consultas de los pueblos indígenas se tipifican como obstáculos innecesarios para tomar medidas urgentes respecto al cambio climático. La promesa de campaña de Carney de “construir, construir y construir” se materializó en leyes federales y provinciales que “recortan la burocracia” respecto a proyectos que se consideran de “interés nacional”.
Ottawa no se ha limitado simplemente a observar cómo Estados Unidos controla los minerales críticos de Canadá, sino que está ayudando a financiar estas acciones. Tal como lo muestra la investigación del Proyecto para la Seguridad de la Transición, casi todas las últimas inversiones del Departamento de Guerra de EE. UU. tuvieron el acompañamiento de fondos públicos canadienses. Mientras que el Pentágono asignó más de USD 78 millones a los seis proyectos canadienses de minerales críticos mencionados anteriormente, el gobierno de este país igualó esas inversiones con 69 millones de dólares canadienses, lo que en la práctica subsidió la influencia del Estado del país vecino en nuestro sector de recursos naturales.
Este desarrollo constituye una amenaza no solo para la independencia, el clima y el medioambiente de Canadá, sino también para la soberanía de los pueblos indígenas. Si se extraen minerales de los territorios de estos pueblos para fabricar armas, ¿lo llegan a saber las Primeras Naciones locales? ¿Se pueden negar? Se les indica a las Primeras Naciones afectadas que acepten el daño a sus tierras ancestrales en nombre de la acción climática, mientras que la verdadera finalidad podría ser la expansión militar de EE. UU.
La resistencia de los pueblos originarios se hizo sentir en todo Canadá. La mina de grafito La Loutre enfrentó una férrea oposición de la Primera Nación Kitigan Zibi Anishinabeg, lo que provocó que Quebec se negara a financiar el proyecto por falta de “aceptación social”. Las rutas mineras que propuso Trilogy Metals en Alaska (una palanca para permitir el acceso a los yacimientos de cobre y cobalto) enfrentó una feroz oposición de 40 tribus nativas de Alaska.
En New Brunswick, la propuesta del proyecto de tungsteno Sisson, que pertenece a Northcliff Resources, recibió USD 15 millones en financiamiento del Pentágono. El carburo de tungsteno, un metal excepcionalmente resistente, se utiliza en municiones perforantes. Lxs líderes de los Wolastoqey se opusieron al proyecto durante años. La anciana Alma Brooks ha declarado que está “absoluta y totalmente en contra de cualquier cosa que apoye a los ejércitos de los Estados Unidos o Canadá en sus iniciativas bélicas”.
La nueva estrategia de inversión del Pentágono debería obligar a hacer una reflexión pública. Canadá no se encuentra desarrollando una economía sustentable y nada más. Se integra cada vez más a la industria bélica de EE. UU.
Shiri Pasternak es profesora asociada de criminología en la Universidad Metropolitana de Toronto. Actualmente ocupa el puesto de profesora visitante distinguida Laurence G. Pathy ’56 en Estudios Canadienses para la primavera de 2026 en la Universidad de Princeton.
Nessie Nankivell es candidata a doctorado en la Universidad de Toronto e investigadora de Infrastructure Beyond Extractivism, donde estudia la violencia ambiental en la minería canadiense. Su investigación se lleva a cabo en colaboración con la Primera Nación Neskantaga, donde trabaja como asesora de tierras y recursos.
