Un tsunami de deuda ha chocado contra el mundo y miles de millones de personas se están ahogando. Esta semana, el G20 se reunirá para decidir la dirección de la recuperación económica mundial. Su poder –y su responsabilidad– apuntan en una dirección: anular la deuda, impulsar la inversión y hacer justicia para todas los pueblos del mundo.

La pandemia ha acelerado la desigualdad en todo el planeta. Lxs trabajadorxs han perdido $3,7 billones en ingresos, mientras que lxs multimillonarixs han aumentado su riqueza en $3,9 billones. Los países ricos han invertido billones de dólares en inflar sus economías. Pero los países pobres han estado paralizados por una brecha de financiamiento de $2,5 billones que ha impedido una respuesta adecuada a la pandemia.

De los más de $13 billones gastados en la recuperación de la pandemia a nivel mundial, menos del uno por ciento ha llegado al Sur Global.

Pero las cosas pueden ponerse mucho peor. Antes de la pandemia, 64 países de bajos ingresos ya gastaban más en el servicio de sus deudas internacionales que en fortalecer sus sistemas locales de salud. Ahora, la carga de sus deudas públicas ha aumentado en alrededor de $1,9 billones, cuatro veces el tamaño de la economía subsahariana.

La capacidad de pedir dinero prestado es fundamental para la capacidad de un gobierno. Sin embargo, el dominio de monedas imperiales como el dólar estadounidense significa que los gobiernos en el Sur Global deben pedir préstamos en moneda extranjera –y estas deudas vienen con tasas de interés más altas que las de sus vecinos extranjeros.

Incluso en tiempos de bonanza, la economía global trabaja para extraer dinero del Sur para entregárselo al Norte.

Pero cuando golpean las crisis, las monedas del Sur pierden valor frente al dólar al mismo tiempo que se agotan los ingresos públicos. El resultado es un intercambio mortal. Pagar la deuda significa destrozar la red de seguridad social, una red que se interpone entre miles de millones de personas y la pobreza extrema. Pero la falta de pago puede ser aún peor: los países pobres se arriesgan a perder su capacidad de préstamo en el futuro, lo que prácticamente garantiza la desaparición de la red de seguridad que tienen ahora.

Como los principales acreedores del mundo, los gobiernos del G20 han hecho poco para abordar este mortal intercambio. En el 2020, el G20 suspendió solo el 1,66 por ciento del total de pagos de la deuda de los países de menores ingresos. En cambio, protegieron el poder de los fondos buitres y sus acreedores holdout para cobrar dinero que se necesita urgentemente para la respuesta, la recuperación y la acción climática.

El G20 ha ofrecido ahora un “Marco Común” para abordar la incipiente crisis de la deuda. Esta oferta es un ultimátum. O se renueva el círculo vicioso –de deuda, austeridad y privatización– o se entra en un total colapso financiero.

El “Marco Común” del G20 no es un salvavidas para los gobiernos del Sur Global. Es su prisión de deudores.

Necesitamos romper este sistema de explotación neocolonial y reemplazarlo con un sistema centrado en la justicia de la deuda y la realización de transiciones verdes y justas en todas partes.

¿Cuáles son, entonces, nuestras exigencias al G20?

Primero, todos los acreedores deben participar. Solo en los últimos diez años, acreedores privados como BlackRock y Glencore han duplicado su participación en la deuda de los gobiernos de menores ingresos. El G20 debe obligar a todos los acreedores a sentarse a la mesa y poner fin a su explotación de la desesperación de los gobiernos.

En segundo lugar, el G20 debe dar a todos los países la oportunidad de reestructurar su deuda, no sólo aquellas consideradas lo suficientemente baratas por sus acreedores. El sistema de alivio de la deuda del G20 sirve a los acreedores que dan mínimas concesiones a países más “baratos”, mientras deja que otros caigan más profundamente en la crisis. Un proceso de renegociación de la deuda debe estar disponible para cualquier país que lo pida.

En tercer lugar, el sistema de renegociación de la deuda debe salir de las manos de los acreedores y pasar a una supervisión transparente y multilateral. El secreto y complejidad solo protegen a los acreedores a expensas de la autodeterminación.

En cuarto lugar, el sistema no puede medirse por un “Marco de Sostenibilidad de la Deuda” que sea diseñado por los propios acreedores. Necesitamos valoraciones independientes de la deuda que incorporen las preocupaciones básicas de los deudores en materia de salud, bienestar y desarrollo.

En quinto lugar, y de manera crucial, el G20 debe proceder con una cancelación real de la deuda. Esta no es una crisis de liquidez a corto plazo. Sólo las cancelaciones a gran escala llevarán la deuda a niveles sostenibles e impulsarán la recuperación.

En sexto lugar, el G20 debe poner un fin definitivo a la austeridad. Las condicionalidades de la austeridad han expuesto a los países a oleadas de crisis, desigualdades intensificadas y han vaciado los sistemas de salud pública. Es hora de abrir los grifos para asegurar transiciones ecolgicas y justas en todas partes.

El G20 intentará decirnos que están haciendo todo lo posible, que deberíamos estar agradecidxs por sus esfuerzos. Pero el mundo no sufre por falta de recursos. Sufrimos porque montos descomunales de dinero se canalizan a los bolsillos de unxs pocxs. No hay escasez de ideas que podamos perseguir para revertir este flujo. Lo que nos falta es voluntad política y no nos detendremos hasta conseguirla.

Varsha Gandikota-Nellutla es coordinadora del Colectivo de Justicia de la Deuda de la Internacional Progresista. También es coordinadora del Plan de la Internacional Progresista y miembro del Gabinete. Varsha es de Hyderabad, India.